*Fuente: Antonio Massip; 16 de
febrero de 2013
Asistí en Rabat a las primeras
sesiones del juicio militar contra 24 saharauis acusados de asesinar a más de
una decena de policías marroquíes que desmantelaban el campamento de Gdeim
Izik, llamado también de la Dignidad, instalado pacíficamente a las afueras de
El Aaiún en Octubre de 2010. La comprometida representación euro española la
integraba también mi colega Willy Meyer, de IU, Javier Ballina, abogado y
ayudante mío, y Elvira Hernández y Julio Rodríguez, colaboradores de Willy.
Fueron también observadores las valientes letradas Gema Arbesú e Inés Miranda,
famosa abogada de Aminetou Haidar, el magistrado Jesús Martín Morillo, el
profesor internacionalista Juan Soroeta, el jurista aragonés Luis Mangrane, y
la también jurista Arantxa Chacón
Para mí ha sido una
experiencia terrible como antiguo abogado, demócrata y, aún, como ser humano.
La monarquía alauí intenta dar
una imagen algo más abierta y tolerante, que es puramente epidérmica pues
enseguida aflora su carácter antidemocrático, radicalmente contrario al
ejercicio de los derechos humanos. Quizá la única nota de apertura es que los
abogados tienen libertad de expresión y que los observadores, tras alguna
vacilación de la autoridad militar, pudimos seguir la vista sin problemas muy
graves. Lo demás, de una tristeza sangrante: ¿Cómo se puede juzgar a unos
pacíficos ciudadanos detenidos y torturados desde hace dieciséis largos meses
en los que no conocieron la acusación de que eran objeto, que podía suponer la
petición de la máxima pena? ¿Cómo que entre ellos haya uno que ya estaba
detenido en el momento en que se le atribuye, ahora, delitos con resultado de
muerte? ¿Cómo que alguno se autoinculpe en una farragosa instrucción con la
supuesta sustitución de firma por su huella dactilar si consta que sabe leer y
escribir?...y así un largo rosario de preguntas incontestadas. Todo deriva de
las inmensas irregularidades de un juicio militar sin auténticas garantías
procesales, ante el que la comunidad internacional no puede mirar para otro
lado. La autoridad marroquí se comporta con el pueblo saharaui como lo han
hecho siempre los colonialistas de cualquier latitud con la población
autóctona, a la que somete con estos tribunales militares sumarísimos y las máximas
penas represivas. Demuestran que, como ya dijo claramente el Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya, en 1975, Marruecos es un pueblo distinto.
El trato que desde entonces reciben los saharauis se refleja en el
comportamiento de este juicio, llevado fuera del territorio y con un tribunal,
cuatro de cuyos cinco miembros, uniformados ni son peritos en Derecho ni movían
un músculo, pendientes apenas de recibir órdenes. El mismo Fiscal, o Auditor,
militar más que dirigirse al ficticio Tribunal parecía por su gesto que sólo
iba orientado a las defensas y a los observadores. Por cierto, los corajudos
abogados, no podían sentarse en estrados ni intervenir a la altura de jueces y
fiscal, algo eso de hablar a la misma altura, que nos reconoció incluso el
tardofranquismo.
Todo el ambiente, incluida la
abrumadora presencia de "los grises", igualitos a los españoles, se
parecía demasiado a cuando yo mismo fui observador en el juicio sumarísimo
militar, en Burgos, en Agosto de 1975, contra Garmendia y Otaegui. El
franquismo ejecutó a éste último tras un proceso en el que quedó de manifiesto
que no fue autor de crimen alguno, a lo sumo, cómplice (pena de un grado
menor), o encubridor (dos grados menos).
Mis colegas de parlamento de
Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, UK y/o España saben bien
de los antecedentes colonizadores de sus países con juicios militares contra la
población autóctona, en absoluto equiparables al ejercicios de los actuales
derechos alcanzados en Europa. No podemos tolerar que Marruecos quiera
confundir sobre la verdadera naturaleza de su régimen que dará los tímidos
pasos que sean pero que dista mucho de ser una sociedad democrática, respetuosa
con la derechos humanos.
Precisamente sobre este
aspecto llamaba la atención, en lengua española, uno de los acusados que
reclamaba la supervisión de la situación de derechos humanos por parte de la
MINURSO, órgano de Naciones Unidas que ya está en el territorio. Las palabras
de ese muchacho me impresionaron especialmente y he procedido, como
eurodiputado, a trasladarlas personalmente al Secretario general Sr. Ban
Ki-moon. (http://www.antoniomasip.net/2013/02/sr.html)